INE: primero la gestión, después la ley

l reciente error en el Instituto Nacional de Estadísticas que derivó en la salida de su director se suma a otros episodios que han golpeado la credibilidad del organismo, como subestimar la población total en el Censo 2012 o las polémicas respecto del cálculo del IPC, incluyendo acusaciones de posible manipulación de cifras. Al respecto, es importante recalcar que estos casos han sido excepcionales y que el gran cúmulo de estadísticas de todo tipo que genera el INE en forma regular no está bajo un manto de duda.

Con todo, tal como el énfasis que pusieron la semana pasada el ministro de Hacienda y el director del Servicio Civil en mejorar el empleo público, los problemas en el INE nos remiten a un desafío pendiente de escala mayor, cual es la modernización estatal; a la vez, ponen de relieve hasta qué punto la calidad de los servicios que provee el Estado tiene impactos concretos en las personas y en las organizaciones.

Para este diario, por ejemplo, es esencial poder confiar en las estadísticas del INE, para informarlas y explicar sus consecuencias a nuestros lectores, y para generar análisis e interpretaciones de la realidad económica a partir de ellas que sustenten decisiones de diversa índole. Por otra parte, a raíz de los recientes episodios también se ha recordado que, en la experiencia internacional, las estadísticas confiables son un factor de desarrollo. Lo han sido en el caso chileno, sin duda.

No obstante, el proyecto de ley que busca modernizar el INE está desde 2015 en el Congreso, y aunque el informe que ahora entregó la comisión asesora convocada por el gobierno debiera ser un incentivo al debate, la agenda legislativa de marzo se advierte desde ya dominada por otro tipo muy distinto de contingencia. En lo inmediato, la nueva cabeza del INE tiene ante sí un desafío de gestión eficaz que no puede esperar a un cambio legislativo.